La tarifa social fue concebida para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad paguen un precio más bajo por los servicios públicos, incluido el de electricidad.

Desde el 1° de enero de 2019, cada jurisdicción (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) define la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Así lo establece el Consenso Fiscal firmado el 13 de septiembre de 2018 y aprobado por la Ley N° 27.469.

• Los jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
• Los trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
• Los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
• Los titulares de programas sociales.
• Los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.
• Los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844)
• Los titulares de algún seguro de desempleo.
• Los titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
• Los titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

La tarifa social se otorga de manera automática a usuarios en situación de vulnerabilidad.

Los usuarios pueden iniciar la solicitud de tarifa social en el formulario disponible en el sitio web del ENRE:

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